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El secuestro de un revolucionario

James Petras

La Jornada

22 de enero de 2005

 

El 13 de diciembre de 2004, Rodrigo Granda, el vocero internacional más importante del más poderoso grupo guerrillero armado en América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue secuestrado a plena luz del día (a las 16 horas) en el centro de Caracas. Sus secuestradores lo entregaron a las autoridades colombianas que alegaron, falsamente, que fue capturado en Colombia. Durante casi dos semanas, las autoridades venezolanas, incluidos los ministerios de Defensa, del Interior y de Relaciones Exteriores, permanecieron mudas, aun cuando importantes periodistas colombianos y activistas venezolanos protestaron por el plagio del destacado revolucionario. Después de que escritores, periodistas, intelectuales y activistas (muchos de ellos asistieron a las mismas conferencias internacionales en Venezuela a las que asistió Granda) publicaran cartas de protesta a escala local e internacional, el ministro del Interior, Jesse Chacón, convocó a una conferencia de prensa y anunció una investigación para esclarecer el presunto secuestro de Granda. Dos semanas es mucho tiempo, bajo cualquier criterio, para una investigación de uno de los líderes revolucionarios más importantes de América Latina, especialmente en un país que proclama buscar un camino revolucionario.

El secuestro de Granda y la respuesta a tal acción hacen surgir muchas cuestiones fundamentales para los revolucionarios, los progresistas y los demócratas de todo el mundo. La más importante es quién es el responsable, material e intelectual, de un crimen así; cuál guerra es su propósito. Es igualmente importante dilucidar con qué derechos cuentan los voceros revolucionarios en el mundo contemporáneo. Cuál fue la respuesta que dio la izquierda ante el secuestro, los autodenominados simpatizantes de la revolución chavista, especialmente los intelectuales europeos, estadunidenses y latinoamericanos. Cómo deberían los intelectuales expresar su solidaridad con los movimientos y los regímenes revolucionarios y progresistas. ¿Deben cubrir todas las fallas internas e incluso los errores crasos ocurridos en el seno de tales movimientos y regímenes o deben expresar una crítica constructiva, pero aguda, que ayude a que el proceso revolucionario continúe?

Qué propósito persigue el secuestro y encarcelamiento del líder de las FARC. En cuanto a quiénes perpetraron el crimen, el régimen de Alvaro Uribe en Colombia lleva mucho tiempo afirmando que su objetivo central es capturar, matar o encarcelar a los dirigentes y militantes de las FARC y destruir su ejército guerrillero de base rural po-pular. Esta es la prioridad política y económica más importante del régimen, y es también prioridad vital para Estados Unidos en su estrategia latinoamericana. El propósito de secuestrar a Granda es debilitar la capacidad de diálogo de las FARC con gobiernos, movimientos y partidos políticos, e im-pedirle presentar sus puntos de vista en torno a un arreglo negociado de la guerra civil que lleva ya 40 años. Al capturar a Granda, el régimen de Uribe confió en que presionando, torturando e interrogando al revolucionario podría obtener información relativa a la localización de los líderes de las FARC y sus movimientos internos.

Alegar, como han hecho muchos escritores que firmaron una carta dirigida a la opinión pública internacional, que "el secuestro de Granda tiene la pretensión de crear dificultades entre ambos países (Venezuela y Colombia) y debilitar el movimiento bolivariano... disminuir el prestigio internacional del presidente Hugo Chávez creando dudas de un posible involucramiento venezolano en el secuestro..." es algo que no se sustancia y va en sentido contrario a los hechos más elementales relativos al secuestro.

El gobierno de Uribe no tenía como finalidad crear dificultades a Chávez, sino destruir las FARC. Los firmantes de dicha carta no hacen mención alguna del propósito y los esfuerzos, claros y directos, de quienes pa-garon y condujeron la operación. Días después del secuestro los ministros de Defensa, colombiano y venezolano, firmaron un im-portante acuerdo bilateral de cooperación, mediante el cual deben compartirse operaciones de inteligencia y efectuar maniobras conjuntas de entrenamiento. Es claro que los ministerios de Defensa venezolano y colombiano no se vieron afectados por el secuestro. Es más, poco antes del secuestro, los ministerios de Relaciones Exteriores de Colombia y Venezuela firmaron una serie de acuerdos económicos, de comercio y relativos a un oleoducto, que el vicepresidente venezolano, José Rangel, dice que no serán afectados por el secuestro. Investigaciones subsecuentes del Ministerio del Interior venezolano afirman que cinco oficiales, mandos medios de la Guardia Nacional ve-nezolana, y tres oficiales de la división de investigaciones criminales fueron arrestados por su participación en el plagio de Granda.

Los ministerios venezolanos que realizan la investigación han demostrado que es equivocado el intento de los firmantes por salvar (¿?) el prestigio de Chávez negando cualquier complicidad de Venezuela. La falta de voluntad o la ceguera de estos "amigos de Venezuela" en todo el mundo, que no los deja ver que el Estado venezolano contiene funcionarios que están deseosos de colaborar con el régimen colombiano, es parte de un problema más profundo y permanente de la izquierda: su tendencia a extender un cheque en blanco a cualquier régimen progresista y a pasar por alto las divisiones al interior de cualquier sistema, les impide entender que entre funcionarios civiles y militares hay algunos que valoran su estrecha colaboración con el régimen de Uribe una y otra vez, pasando por encima del derecho de un revolucionario a no ser deportado (o secuestrado) a un Estado paramilitar sanguinario donde no existe protección jurídica.

En la fase inicial de la investigación oficial venezolana, los ministro del Interior y de Defensa enfatizaron que Granda se hallaba "ilegalmente" en el país, que portaba "documentos falsos" y que "no había sido invitado oficialmente a las conferencias internacionales". En vez de considerar al revolucionario colombiano como víctima de un crimen infame (una víctima de la guerra de clase internacional, como habríamos dicho en los viejos tiempos), se le criminalizó sobre la base de tecnicismos migratorios, que cualquier funcionario de aduana de bajo nivel habría detectado. Cuál es el propósito de distraer la atención de un crimen político mayor -el secuestro- con el asunto trivial de una visa caduca. Cuál es la intención de decir que deberían haberlo expulsado a Colombia y que los secuestradores colombianos simplemente lo hicieron de mala manera. ¿No queda más manchado el prestigio de Venezuela con su investigación demorada, con el subsecuente cuestionamiento del derecho de Granda a participar en una conferencia internacional en defensa de la humanidad, y por la complicidad de algunos oficiales militares y policiacos, que con una denuncia del régimen de Uribe por violar la soberanía venezolana? Y peor, ¿qué los firmantes de una carta, que exonera a los cómplices venezolanos, no debilitan la seguridad del régimen de Chávez? ¿Aca-so se defiende una revolución negando sus debilidades y enemigos internos? Después de lo ocurrido en el pasado, especialmente en los antiguos regímenes socialistas, ¿tenemos que repetir los mismos errores acusando a los críticos de ciertos sectores del régimen de Chávez, para poder silenciarlos, de preparar "el terreno para una intervención armada estadunidense"?

Una intervención armada estadunidense es una posibilidad real en cualquier lugar del mundo, pero no habrá de ocurrir porque unos cuantos oficiales de la Guardia Nacional o de la policía venezolanas queden al descubierto como secuestradores pagados por el Estado colombiano. Ahora el público sabe, por los principales medios informativos colombianos, que los oficiales venezolanos recibieron un millón 500 mil dólares por secuestrar y entregar a Granda. No se sabe si los secuestradores estaban también en la nómina de la CIA, pero los interrogatorios a los que se les ha sometido y sus confesiones no revelan dicha conexión. Tenían signos de dólar en los ojos, no barras y es-trellas. La real amenaza a la seguridad venezolana y al régimen de Chávez proviene de los nuevos acuerdos en materia de defensa con Colombia, donde, podemos estar absolutamente seguros, las fuerzas especiales estadunidenses, la CIA y la DEA que trabajan con el ejército colombiano harán todo su esfuerzo por reclutar oficiales, conseguir información de inteligencia y fomentar sentimientos antichavistas entre los militares menos comprometidos.

Por más de 40 años he asistido a cientos de reuniones internacionales y me he involucrado en varios movimientos de izquierda en los cinco continentes. Los revolucionarios -perseguidos por los dictadores y los regímenes represivos- han participado, entrando a los países huéspedes sin visas, con pasaportes falsos y ocasionalmente con sus papeles en regla. Los revolucionarios colombianos, específicamente las FARC y más directamente Rodrigo Granda, han hablado en foros públicos por toda Europa y América Latina. A Granda se le impidió hablar en el Foro Social Mundial de 2001, pero a los socialistas franceses implicados en guerras coloniales por más de cien años se les dio la bienvenida; ese es un sesgo que podemos esperar de las ONG. El asunto concreto es que aun en regímenes burgueses neoliberales de Europa y América Latina los funcionarios reconocen tácita o abiertamente la presencia de revolucionarios, incluidas las FARC. No hubo nada de que los organizadores de las conferencias internacionales revisaran las listas de invitados y descalificaran o se disociaran de algún líder revolucionario. Esa no es, ciertamente, una expresión de solidaridad internacional. Es mejor para la salud y el futuro de la revolución venezolana, expresar di-recta y abiertamente lo obvio, que Granda estaba ahí y tenía el derecho de estar donde podríamos discutir y debatir nuestros principios, nuestras diferencias, justo como otros líderes y regímenes burgueses han hecho en otros tiempos y otros países.

El presidente Chávez ha decidido tomar el asunto en sus manos. Uribe ha declarado que financió el secuestro de Granda en Ve-nezuela. Chávez siempre dijo que la soberanía nacional de Venezuela sería defendida sin que importaran los costos en términos diplomáticos, económicos y militares.

El affair Granda no es simplemente una provocación de Estados Unidos y Colombia que podría minar las relaciones bilaterales, sino el reflejo de una división interna entre millones que buscan profundizar las transformaciones sociales y aquellos oficiales que intentan reconciliarse con Estados Unidos, Colombia y las elites locales.

Y un pensamiento último a este respecto. Aunque Chávez declaró una reforma agraria radical hace tres años, no se ha expropiado ningún latifundio privado: los 100 mil beneficiarios de la reforma agraria recibieron tierra pública y no cuentan con créditos ni con la asistencia técnica adecuada debido a la incompetencia burocrática o al sabotaje po-lítico. En diciembre de 2004, Chávez renovó su llamado a los gobernadores y a los campesinos sin tierra a radicalizar el proceso de reforma agraria. Los gobernadores respondieron entrevistándose con muchos terratenientes para estudiar si su tierra era productiva o no. Entre tanto, miles de desposeídos le tomaron la palabra a Chávez e improvisan su propio programa de distribución de tierras pese a la violencia de las impunes milicias privadas que defienden a los latifundistas. Los intelectuales occidentales, todos aquellos que tengan dudas de que la revolución nacional se vuelve social, deberían prestar más atención a las emergentes luchas de clase internas en vez de andar firmando peticiones mal informadas.

Llamo a la gente de buena voluntad a unirse a la condena del régimen de Uribe por el secuestro de Rodrigo Granda y a nuestra solidaridad con este prisionero político de conciencia.

Traducción: Ramón Vera Herrera

 

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