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Kioto y teoría económica

Juan Manuel Villasuso

Los pobres de la tierra.org

18 de febrero del 2005

 

La Convención Marco sobre el Cambio Climático, conocida también como Protocolo de Kioto, finalmente entró en vigencia.

Después de ser aprobado en la Cumbre celebrada en diciembre de 1997, este acuerdo internacional, que impulsa una serie de políticas encaminadas a la reducción de emisiones de gases de invernadero en los países industrializados, ha enfrentado el rechazo directo de Estados Unidos, que produce más de la tercera parte de estos gases, y de algunas otras naciones que aducen para su oposición el alto costo económico que tendría la adopción de medidas restrictivas.

Si bien la aplicación del denominado "mecanismo de desarrollo limpio" que promueve Kioto no es la solución integral a los problemas de contaminación, sí se considera que permitirá a los países industrializados disminuir sus esfuerzos domésticos de reducción de emisiones, mediante actividades realizadas en los países en vías de desarrollo.

Pero las implicaciones concretas que en términos económicos tendrá globalmente la aplicación del Protocolo de Cambio Climático no son fáciles de determinar.

Y es que, en general, evaluar los costos y beneficios del medio ambiente no es una tarea sencilla. En muchos casos no existen mercados en los cuales se pueda determinar el precio de los bienes del ambiente, como el agua cristalina de los ríos, la belleza de un paisaje, el canto de las aves o la sombra de un árbol centenario. Es por ello que la estimación de esos precios resulta difícil y controversial.

La tarea es adicionalmente compleja por el hecho de que las interrelaciones prevalecientes al interior de los distintos ecosistemas (y entre ellos) no han sido estudiadas en todas sus magnitudes y dimensiones, por lo que pueden ocurrir (y de hecho ocurren) situaciones imprevistas, irreversibles y de consecuencias altamente perjudiciales. Peor aún, existe evidencia concreta de que los costos que conlleva el deterioro ecológico se incrementan a través del tiempo en forma más que proporcional.

Cuando se trata de los recursos agotables o de contaminaciones irreversibles, el principio metodológico de que la asignación de recursos responde a las preferencias expresadas por los agentes económicos encuentra una dificultad fundamental: muchos de los agentes económicos relevantes aún no han nacido y no pueden, por tanto, expresar sus preferencias. Una tasa de descuento específica para dar un valor actual a la demanda futura implica una determinada actitud, o valoración ética hacia las próximas generaciones.

A pesar de la importancia y trascendencias que esta valoración ética tiene, lo cierto es que los actuales modelos de crecimiento no la toman en cuenta adecuadamente. El sacrificio en el consumo presente, que posibilita un aumento de la inversión, únicamente se compara con el valor actual descontado del incremento del consumo futuro, atribuido a la inversión suplementaria del periodo actual.

Esta limitación teórica, que resta validez a la aplicación de los reconocidos conceptos financieros de "costos y beneficios", ha llevado a muchos especialistas en esta materia a argumentar que la sostenibilidad, y no la eficiencia en la asignación de los recursos, debe ser el criterio principal que oriente las decisiones ambientales.

No es razonable suponer, como lo hace la economía convencional, que la presente generación tiene todos los derechos para explotar los recursos naturales y para alterar de manera irrestricta los balances ecológicos. Las futuras generaciones también deben ser tomadas en cuenta.

Es con base en esta visión que el desarrollo sostenible ha sido definido como "un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias" (Comisión Brundtland). El concepto, por lo tanto, conlleva una tasación que trasciende lo económico y se acerca a lo moral y ético, imponiendo a la utilización del medio ambiente límites que tomen en cuenta los derechos de los hombres y mujeres del mañana.

Todavía falta mucho trabajo teórico e imaginación para hacer operacional el concepto de sostenibilidad y, sobre todo, para hacerlo compatible con los objetivos de competitividad, que demanda el modelo de apertura comercial, y de equidad, que exige la estabilidad social y política. Contribuir a ese esfuerzo creativo es el reto que enfrentan todos aquellos economistas que se atreven a ver mas allá del mercado.

Tal vez la aprobación del Protocolo de Kioto pueda contribuir a estimular ese trabajo.

 

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