Los Costarricenses le dicen '¡No!' a las compañías exploradoras de petróleo:

El Verdadero Oro de Nuestro Futuro

Mark Engler y Nadia Martínez

New Internationalist - Progreso Semanal - Rebelión

14 de septiembre de 2003

Para los activistas que se dedican a la lucha aparentemente imposible
contra los intereses multinacionales del petróleo, la escena puede parecer
irreal. En mayo del 2002, el recién electo presidente de Costa Rica Abel
Pacheco se paró en la plataforma para su discurso de toma de posesión y declaró
que su país "no sería un enclave del petróleo ni de la minería a cielo
abierto". Pachecho prometió que bajo las nuevas protecciones constitucionales,
tal extracción estaría prohibida. "El verdadero combustible y el oro
verdadero del futuro", dijo, "serán el agua y el oxígeno, nuestros terrenos
acuíferos y nuestros bosques".

La declaración significó un duro golpe para Harken Energy, una compañía
de Texas que tiene estrechos vínculos con el Presidente de EEUU George W.
Bush. La compañía había puesto sus miras precisamente en el tipo de
explotación de recurso que sería prohibido y sin duda había esperado el
tipo de servidumbre gubernamental que ha permitido que la explotación de
recursos naturales en Latinoamérica se haya realizado prácticamente sin control
desde los primeros días del colonialismo.

Pero aunque la oposición del Presidente Pacheco era quizás el signo de
derrota más evidente para las multinacionales, era sólo una de muchas.

Por más de tres años una coalición de defensores del medio ambiente,
grupos comunitarios, sindicatos y organizaciones de derechos de los indios
habían batallado para terminar con las extracciones. Además de hacer de la
exploración minera y petrolera un delicado tema de campaña - reforzando
la decisión ambientalista del presidente - llevaron su batalla a los
tribunales, atrajeron el apoyo internacional y organizaron la oposición
interna a fin de derrotar los planes de Harken. En el proceso,
aseguraron una extraordinaria serie de victorias que hicieron dar marcha atrás al
destino del país hacia la explotación insostenible de sus recursos.

Hablando más alto que los megáfonos de las corporaciones

Durante gran parte de su historia, Costa Rica ha sido una excepción
entre sus vecinos centroamericanos. La falta de recursos minerales, las
débiles instituciones coloniales y el cultivo temprano del café permitieron que
se formaran bases democráticas estables. En 1949 un presidente que
recientemente se había enfrentado a un golpe militar dio el
extraordinario paso de eliminar las fuerzas armadas de Costa Rica. Las tradiciones de
paz y democracia social aislaron al país en los 70 y los 80, mientras el
resto de la región se veía empantanada y la CIA trabajaba activamente.

Durante ese tiempo Costa Rica desarrolló su próspera industria
turística que es ahora la columna vertebral del país. El orgullo nacional en la
extraordinaria biodiversidad del país, sus largas playas y sistemas de
parques - unido a una limitada reserva de riquezas subterráneas que
explotar - prepararon el terreno para una actitud oficial en contra de las
industrias extractivas de recursos.

Pero no siempre el gobierno estuvo en contra de la explotación minera y
petrolífera. Costa Rica, como casi todas las naciones latinoamericanas
durante los 90, sintieron la presión de una economía enlentecida,
desempleo creciente y pobreza. Muchos acudieron a la economía neoliberal en
busca de soluciones. El país comenzó a explorar nuevas vías para atraer la
inversión extranjera. A pesar de su histórica política a favor del medio
ambiente, aprobó en 1994 una ley que dividía al país en bloques para la
exploración petrolera.

Cuando Miguel Ángel Rodríguez, un economista y hombre de negocios, se
convirtió en presidente en 1998, negoció una concesión de 10 de los 22
bloques a compañías norteamericanas y canadienses. MKJ Explorations,
de Louisiana, compró intereses en la costa caribeña y pronto se asoció a
Harken Energy para comenzar la exploración. Isaac Rojas, miembro de la junta
de Comunidades Ecológicas La Ceiba, un afiliado costarricense de amigos de
la Tierra, dice que el Ministerio de Medio Ambiente bajo el gobierno de
Rodríguez "retrasó el avance del país en materia de medio ambiente unos
treinta años".

El lugar que el grupo Harken-MKJ seleccionó para sus actividades fue la
región Talamaca en sudeste de Costa Rica -un área prístina que descansa
entre varias áreas vírgenes protegidas. Entre los que vivían en el
área hubo una comprensión inmediata de que las plataformas de perforación
podrían amenazar la fauna marina, incluyendo a las tortugas marinas, una
especie en peligro de extinción. Los habitantes se escandalizaron porque no se
les había consultado para el negocio. "Vimos un anuncio en el periódico
nacional diciendo que el gobierno había aprobado concesiones para la
exploración de petróleo", dice Enrique Joseph, un guía de turismo y
trabajador de restaurante de 38 años que creció en la zona. "En un
plazo de dos o tres días dimos la alerta roja".

Docenas de grupos - desde organizaciones de agricultores y el sindicato
de pescadores hasta dueños de pequeños negocios, grupos religiosos y
biólogos marinos- se unieron en los meses siguientes para formar Acción de Lucha
Anti-Petrolera (ADELA). En diciembre de 1999 se reunieron unas 250
personas y redactaron una declaración en oposición a las concesiones y
declarando una moratoria en Talamanca.

La declaración obtuvo la atención del país y la estrategia legal dio
resultados. En septiembre del 2000 el Tribunal Supremo anuló las
concesiones petroleras debido a que las comunidades indígenas no fueron
consultadas debidamente.

Pero dos meses más tarde, después de que Harken-MKJ apeló la decisión,
el Tribunal permitió que los intereses petroleros continuaran sus
actividades en los bloques marinos donde no existían comunidades indígenas. Los
ejecutivos de las corporaciones quedaron complacidos con el resultado,
porque sus objetivos principales de exploración se encontraban en el
mar, cerca de Puerto Moin. Como había explicado meses antes el vice
presidente de Harken, Stephen Voss, "El prospecto de Moin es la mayor estructura
que la compañía haya probado, y brinda a los accionistas de Harken grandes
posibilidades de que se descubran reservas significativas".

Desafortunadamente, los prospectos del proyecto en cuanto a la
sostenibilidad no eran tan promisorios como las ganancias que
esperaban. ADELA se dedicó a extender su mensaje que, como dice Rojas, "la gente
de la localidad había expresado su firme oposición a la actividad
extractiva. Dijeron que eso no se podía hacer".

Su organización enfrentó varias dificultades. Primero, sus fondos eran
insuficientes. "Descubrimos que las charlas que dábamos por radio no
eran muy eficaces, porque las compañías petroleras compraban la mayor parte
del espacio disponible", explica Joseph. "O si íbamos en un camión con un
megáfono, luego veíamos que la compañía alquilaba tres vehículos y
hacía lo mismo".

Los activistas se quejaron del "compadrazgo" que parecía existir entre
los ejecutivos y los funcionarios del gobierno. Y vieron que algunas
comunidades, particularmente en la ciudad de Limón, venían a defender
el beneficio económico de la exploración de recursos. "Las compañías
prometían nubes de oro", dice Rojas de su experiencia con proyectos de
extracción, "y algunas personas les creían".

"Ver a nuestros hermanos de Limón en contra nuestra, debido a sus
falsas expectativas", agrega Joseph, "fue la parte más dura de la campaña".

En enero de l 2001, grupos como el Consejo de Defensa de Recursos
Naturales (NRDC) y Alianza Legal Medio Ambiental en Todo el Mundo (E-LAW)
comenzaron a ayudar a la organización local con apoyo financiero, investigación,
recursos legales y promoción internacional. En lo que Jacob Scherr, director
del Programa Internacional de NRDC, describe como "probablemente uno de los
más grandes diluvios de correo que ellos hayan visto", los que apoyaban la
campaña enviaron a las compañías petroleras y al gobierno costarricense
unos 27 000 correos electrónicos, faxes y cartas de protesta.

Ese mismo año la campaña de ADELA para aumentar la conciencia del
público hizo que el apoyo a la exploración petrolera se convirtiera en un
riesgo político. El Presidente Rodríguez quería continuar con las
concesiones, pero disminuyó su entusiasmo cuando pareció que su posición podría
dañar a su partido en las elecciones. El candidato de la oposición, Abel
Pacheco, adoptó una posición clara en cuanto al asunto; ya como miembro de la
Asamblea Legislativa había redactado una propuesta para derogar la ley
de hidrocarburos.

Según Enrique Joseph, las cosas se movieron en Talamaca en una reunión
entre ADELA y ejecutivos de Harken. "La gente se sentía ofendida al ver cómo
los ejecutivos petroleros llegaban y actuaban groseramente con los
residentes, que eran muy respetados. Muchas personas comenzaron a dudar de las
'promesas' de las compañías".

La victoria llegó poco después. En febrero de 2002 el secretariado
técnico nacional, SETENTA, rechazó los planes de Harken-MKJ para la perforación
marina. Varios meses después el Ministerio de Medio Ambiente rechazó
una apelación de las compañías petroleras. Su decisión señalaba más de 50
razones de por qué la declaración del impacto ambiental del proyecto
era insuficiente -una lista que repetía la meticulosa documentación
presentada por ADELA y sus aliados internacionales.

Al tomar posesión de su cargo de presidente, Pacheco juró agregar las
garantías medioambientales a la Constitución de Costa Rica. Y el 5 de
junio firmó un decreto presidencial prohibiendo la minería a cielo abierto.

La lucha no ha terminado

Para los activistas la lucha no ha terminado. Durante el pasado año
varios retos han surgido que puede que determinen si las prohibiciones de
Costa Rica permanezcan intactas como emblema del excepcionalismo del país, y
si pudiera convertirse en un modelo de resistencia en otras partes.

Según el National Law Journal, Harken no solo está reclamando millones
de dólares en compensación por el dinero que invirtió en la exploración,
sino que está tratando de usar disposiciones de un tratado bilateral de
inversiones para cobrarle a Costa Rica $57 mil millones por ganancias
perdidas y que tenía proyectadas. Aunque el Departamento de Estado lo
niega, ADELA cree que el gobierno de EEUU ha cabildeado a favor de las
compañías petroleras y que está presionando a Costa Rica para que
suavice sus prohibiciones acerca de la extracción de recursos. "Fuentes en
Costa Rica nos han dicho que la embajada de EEUU aquí ha estado presionando
al nuevo gobierno de Pacheco para que abra sus costas a las compañías
petroleras norteamericanas", dijo Scherr en el NRDC.

Una preocupación mayor para los activistas es que los tratados que se
están negociando, como el Acuerdo de Libre Comercio Centroamericano (ALCC),
puedan poner en peligro las protecciones de Costa Rica. Aunque el gobierno de
Pacheco ha defendido los derechos medioambientales, también ha
desarrollado con entusiasmo una agenda neoliberal de "libre comercio".

En América del Norte, el Capítulo 11 del TLCAN ha permitido que las
compañías demanden judicialmente a los gobiernos cuyas leyes
medioambientales interfieran con su negocio. El reto para Costa Rica
es cuidarse de situaciones similares.

A mediados de junio ADELA llegó a un acuerdo con el gobierno en
relación con la derogación de la ley de hidrocarburos. Los activistas acordaron
mantener partes de la ley que permiten al Ministerio de Medio Ambiente regular a
las refinerías de petróleo. El acuerdo insiste en que una comisión
gubernamental continuará revisando los acuerdos comerciales para
garantizar que ninguna disposición invalide las leyes ambientalistas nacionales.

Pero las reclamaciones judiciales ya han comenzado a afectar la batalla
por la prohibición de la actividad minera. El decreto del Presidente tiene
que ver solo con futuros proyectos mineros. Permite a las compañías que ya
habían recibido concesiones antes de la prohibición a continuar sus
actividades. La Cámara Constitucional decidió en octubre de 2002 que
Vanessa Ventures, una firma minera canadiense, quedara exenta de la
prohibición sobre esa base. Un tribunal falló en contra del Ministerio
de Medio Ambiente por retrasar la aprobación del proyecto Las Crucitas de
Vanessa. La compañía está amenazando con una reclamación judicial por
$200 millones bajo el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones
Extranjeras si las operaciones mineras no comienzan pronto.

Aunque puede ser imposible detener la concesión existente, los
costarricenses se han dedicado a fortalecer las futuras protecciones.
"Necesitamos convertir en ley el decreto presidencial, ya que el
decreto puede ser modificado o derogado; no es permanente", argumenta Rojas.

El Presidente Pacheco envió su Proyecto de Derechos Ambientalistas a la
legislatura en septiembre del 2002, y los políticos actualmente están
negociando el texto de la legislación. Los sucesos en la escena
internacional son también promisorios. "Siempre deseé que nuestro país
no fuera una excepción", dice Joseph, "que la gente lo viera como un
modelo de lo que puede hacerse". En varios países ya eso ha sucedido.

En Ecuador, activistas del medio ambiente han intentado replicar el
ejemplo costarricense. En junio le presentaron al nuevo gobierno de Lucio
Gutiérrez una propuesta de prohibición de la expansión de la frontera petrolera.
Pero garantizar una prohibición en Ecuador es una tarea difícil. La
explotación petrolera, que comenzó en Ecuador hace 30 años, ha contaminado no sólo
al medio ambiente, sino también la política del país. Como explicó en una
entrevista Ferry Kart, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad
de Stanford, a la Red Ambientalista de Noticias "Una vez que la
explotación petrolera comienza, se obtiene lo que yo llamo la petrolización de la
política, y en donde esto haya ocurrido, nunca se obtendrá una
situación como la de Costa Rica".

En Nicaragua la situación es más esperanzadora. Recientemente el
gobierno nicaragüense otorgó licencias de exploración a varias compañías
norteamericanas, entre ellas a MKJ Xplorations. En mayo activistas
nicaragüenses en la red Oilwatch hicieron un llamado a su gobierno para
que instituyera una moratoria a las concesiones petroleras.

Aunque nuevas campañas presentan retos propios, los activistas
costarricenses pueden sentirse satisfechos de lo que han logrado.
"Esta es una victoria parcial, un paso hacia el logro de un cambio más
profundo", dice Isaac Rojas. "Por supuesto, nos da cierta alegría. Demuestra que
teníamos razón".

Enrique Joseph está de acuerdo. "Desde el principio", dice, "sentí que
nos iba a ir bien en esta batalla. Las compañías no estaban dispuestas a
debatir con nosotros, pero nuestros argumentos eran fuertes. Los
latinoamericanos han soportado mucho sufrimiento. Al menos esto es una
garantía de que, a mi edad, puedo continuar viviendo en un lugar
hermoso. Quiero que mis hijos y sus hijos corran en las playas y vean que aún
están allí los árboles".

-- Este artículo apareció originalmente en la revista New Internationalist.

Mark Engler, escritor que vive en la ciudad de Nueva York, puede ser
contactado por medio del sitio web http://www.DemocracyUprising.com.
Nadia Martínez es Investigadora Asistente de la Red de Energía y
Economía Sostenibles, un proyecto del Instituto para Estudios de Política de
Washington, D.C. (www.seen.org).
Traducido por Progreso Semanal

 

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